(Gesell, Nov.5) Funcionarios municipales confirmaron que el intendente,
Gustavo Barrera, vetó la ordenanza sancionada por el Concejo
Deliberante, que por vía de la excepción autorizaba el desarrollo
urbanístico “El Salvaje”.
Fuentes municipales indicaron que el artículo 2 de la ordenanza
aprobada por el Concejo Deliberante “plantea la vía de la excepción para
aprobar un desarrollo inmobiliario, supuestamente de características
residenciales –en 370 hectáreas sobre el frente de playa y la ruta 11–
con un densidad no mayor a 30 habitantes por hectárea, con el objetivo
de preservar el ambiente natural”.
Sin embargo más abajo la misma ordenanza también permite la
construcción de edificios, áreas comerciales y hoteles, en el caso de
disponer de servicios de cloacas, agua corriente, etc.
“El punto es que no estamos ante un proyecto inmobiliario de
características residenciales –señalaba un funcionario del Ejecutivo–
sino ante una nueva urbanización que no cumple las normas, ni se ajusta a
la ley de habitat”.
Este punto tendría una importancia estratégica para el gobierno
municipal, considerando los proyecto para regularizar y controlar los
distintos asentamientos que existe hoy en Villa Gesell.
“Se debe analizar que una nueva zonificación que permita el desarrollo
de “El Salvaje” generaría un ganancia extraordinaria sobre el actual
valor de esta tierra… situación prevista por la Ley Hábitat (14449)”
La Ley de Hábitat plantea la modificación de uso de suelo y
zonificación, como la autorización para generar grandes desarrollos
inmobiliarios, como las figuras para que los municipios y la Provincia
accedan, por compensación, a tierras que permitan la regularización de
los asentamientos.
Llamativamente este punto no es tenido en cuenta en la ordenanza
sancionada por el Concejo Deliberante; pese a que la misma produciría
ganancias extraordinarias por los desarrolladores del proyecto
urbanísticos.
Otro dato llamativo, que no parece haber sido tenido en cuenta por los
concejales, es que los desarrolladores de “El Salvaje”, no figuran como
titulares de los terrenos beneficiados por la nueva zonificación.
A este cuadro de situación se suma los reclamos legales planteados por
ambientalistas ante el juzgado en los Contencioso y Administrativo de
Dolores, que a principios de julio dictó uno medida cautelar, tras las
denuncias sobre el inicio de obras sin autorización y los
cuestionamientos a la audiencia pública realizada por la Comuna en 2013,
como parte del proceso de declaración de impacto ambiental.
El dato llamativo es que en ese momento sectores de la oposición, que
ahora aprueban el desarrollo, se sumaban al los reclamos de los
ambientalistas sobre irregularidades en el proceso de declaración de
impacto ambiental.
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