Conoce las actividades del Honorable Concejo Deliberante
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RESOLUCION 538/99 ANEXO I Ley N ° 11.723 (Anexo II. Punto 2)

ANEXO I Ley N ° 11.723 (Anexo II. Punto 2) http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/ver/74 Proyectos de Obras o Actividades Sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal Lineamientos generales para ser considerados por la Autoridad Municipal ANEXO II. PUNTO 2 Ley N ° 11.723 Proyectos de Obras o Actividades Sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal Lineamientos generales para ser considerados por la Autoridad Municipal Objetivos generales del presente instructivo La SECRETARÍA DE POLITICA AMBIENTAL como Autoridad de Aplicación de la ley 11723 tiene como objetivo aunar criterios dentro de la gestión ambiental de los municipios de la Provincia de Buenos Aires en el contexto del artículo 13 de dicha ley que empresa lo siguiente: La autoridad ambiental provincial deberá: Inciso a): Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y fijar los criterios para su aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzadas por el artículo 10. Inciso b): Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de evaluación de impacto. Inciso c): Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos proyectos que no tengan un evidente impacto significativo sobre el medio. El mencionado art. 10 manifiesta lo siguiente: Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley. La autoridad provincial en este trabajo elabora a manera enunciativa no taxativa los procedimientos y parámetros de evaluación para ser usados por los Municipios como Autoridad de Aplicación del punto II. Anexo II. Indice General 1.INTRODUCCION 1.1.Consideraciones Generales del Instructivo 1.2.Organigrama general de procedimientos 1.3.Contexto legal 1.3.A.Ley 11.723 - Anexo II - Punto II 1.3.B.Artículos de la Ley 11.723 de competencia Municipal 2.ETAPA DE PREFACTIBILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS 2.1.Procedimiento administrativo y técnico. Significado. Obligaciones de las partes 2.2.MODELO de GUIA de la etapa de prefactibilidad. o GUIA N° 1. Informe General de la Idea de Proyecto o GUIA N° 2. Declaración preliminar de Impacto Ambiental 3.ETAPA DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTO 3.1.Procedimiento administrativo. Significado. Obligaciones de las partes 3.2.Procedimiento técnico • Consideraciones generales • Parámetros de evaluación • Medio natural • Medio antrópico • Descripción del proyecto a ser evaluado 3.2.A.MODELO de GUIAS • GUIA N ° 3. Informe de Impacto Ambiental • GUIA N °4. Declaración de Impacto Ambiental SEPARATA Conceptos básicos 1.Introducción 1.1. Consideraciones generales del Instructivo Sí bien todos los proyectos impactan en el medio ambiente e involucran a su entorno mediato e inmediato, en los Proyectos Urbanos el medio es altamente complejo por albergar heterogeneidad de funciones y concentración despareja de poblaciones, en áreas territorialmente reducida. En este instructivo se expresan ordenadamente parámetros que definen la complejidad de un proyecto, en las Guías N° 1 y N° 3 (Informe de la Idea de Proyecto e Informe de Impacto Ambiental). La "valoración del impacto" que el proyecto genere en la trama urbana, será determinado por la A. A. correspondiente a cada Municipio por considerar que cada proyecto no es en sí mismo simple o complejo ambientalmente. sino que está en relación directa a la estructura territorial (natural v antrópica) que lo alberga. Es el Municipio en su doble rol de Autoridad de Aplicación y de conocedor de la realidad particular de su territorio (art. 77), quien determine la complejidad ambiental del proyecto Por lo expresado sólo se darán en este instructivo parámetros que se involucran en la "complejidad ambiental" que figuran en las Guías Técnicas de Prefactibilidad y Factibilidad. Estos serán valorados por la Autoridad de Aplicación Municipal. • El instructivo se enmarca en el Anexo II, punto II de la Ley 11.723. La temática que contiene este instructivo es más amplia que la contenida en el punto II del citado anexo. Queda a consideración de la Autoridad de Aplicación la solicitud del INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL para los proyectos no contemplados en este punto y que sean considerados generadores de impactos negativos.(ver 1.3.1 Contexto Legal). • Es complementario a la aprobación que el proyecto debe cumplir con respecto a la Ley 8912 de "Ordenamiento territorial v uso del suelo". • El instructivo consta de dos etapas: Prefactibilidad v Factibilidad del proyecto en cuestión. • Ambas etapas tienen un aspecto administrativo y un aspecto técnico. • Se desarrollan Guías Técnicas para orientar el trabajo. Las mismas se confeccionan en forma de "checklist o listas de control", para recordar todos los factores y efectos a tener en cuenta para cada etapa. • La Prefactibilidad Ambiental determina la negación o afirmación del emplazamiento. • La afirmación de la prefactibilidad puede pedir o no la etapa de Factibilidad Ambiental del proyecto. Se determina por la complejidad ambiental del mismo. • El conocimiento del territorio en profundidad en cuanto a capacidades, aptitudes y grado de intervención del hombre en el mismo, permite a la A.A. contar con una herramienta certera para la identificación del tipo y la intensidad de los impactos según las actividades que se proponen desarrollar. • La gestión de un BANCO DE DATOS TERRITORIALES es tarea prioritaria para evaluar correctamente el Informe de Impacto Ambiental. Los datos darán límites a las posibilidades de crecimiento de tal manera de no menoscabar el capital ambiental en el tiempo. 1.2. Organigrama general. El cuadro ejemplifica lo expresado anteriormente. Como procedimiento administrativo las etapas que debe cumplir y lo que corresponde técnicamente a cada etapa, tanto para la AA como para el interesado en la aprobación del proyecto. 1.3. Contexto legal 1.3.A. Ley 11.723 - Anexo II - Punto II PROYECTOS DE OBRAS 0 ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL. 1.Con excepción de las enumeradas precedentemente en el Punto I, cada municipio determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos en su jurisdicción, y que someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con arreglo a las disposiciones de esta ley. 2.Sin perjuicio de lo anterior, serán sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental municipal, los siguientes proyectos: a) Emplazamientos de nuevos barrios o ampliación de los existentes. b) Emplazamientos de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios. c) Cementerios convencionales y cementerios parques. d) Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales. e) Instalaciones de establecimientos industriales de la primera y segunda categoría de acuerdo a las disposiciones de la Ley 11.459. 1.3.B. Artículos de la Ley 11.723 de competencia municipal Artículo 5°. Inciso b): Todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos, debe contar con una Evaluación de Impacto Ambiental previa. Inciso d): La planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre otros, los límites físicos del área en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio energético e impacto ambiental para el suministro de recursos y servicios, v la situación socioeconómica de cada región atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones. Artículo 6°. El Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran. Artículo 7°. Enla localización de actividades productivas de bienes v/o servicios, en el aprovechamiento de los recursos naturales v en la localización v de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta: a) La naturaleza v características de cada bioma; b) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la distribución de la población y sus características geo-económicas en general; c) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. Artículo 8°. Lo prescripto en el artículo anterior será aplicable a los puntos a continuación enumerados: a) En lo que hace al desarrollo de actividades productivas de bienes y/o servicios y aprovechamiento de recursos naturales: 1) Para la realización de obras públicas. 2) Para las autoridades de construcción y operación de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios. 3) Para las autoridades relativas al uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales y primarias en general. 4) Para el financiamiento de actividades mencionadas en el inciso anterior a los efectos de inducir su adecuada localización. 5) Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos para el uso y aprovechamiento de las aguas. 6) Para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el provechamiento de las especies de flora y fauna silvestres. b) En lo referente a la localización y regulación de los asentamientos humanos: 1) Para la fundación de nuevos centros de población y la determinación de los usos v destinos del suelo urbano y rural. 2) Para los programas del gobierno y su financiamiento destinados a infraestructura, equipamiento urbano y vivienda. i) Para la determinación de parámetros y normas de diseño, tecnologías de construcción, usos y aprovechamiento de viviendas. Artículo 10°. Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos y/o sus recursos naturales, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de la presente Ley. Artículo 13°. La autoridad provincial deberá: Inciso a): Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y fijar los criterios para su aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzados por el Artículo 10°. Inciso b): Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de evaluación de impacto. Inciso c): Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos proyectos que no tengan un evidente impacto significativo sobre el medio. Artículo 14°. La autoridad ambiental provincial o municipal pondrá a disposición del titular del proyecto todo informe o documentación que obre en su poder, cuando estime que puedan resultar de utilidad para realizar o perfeccionar la EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL exigida por la presente Ley. Artículo 15°. La autoridad ambiental de aplicación exigirá que las Evaluaciones de Impacto Ambiental se presenten expresadas en forma clara y sintética, con identificación de las variables objeto de consideración e incluso de las conclusiones finales redactadas en forma sencilla. Artículo 17°. La autoridad ambiental provincial o municipal según correspondiera arbitrará los medios para la publicación del listado de las Evaluaciones de Impacto Ambiental presentadas para su aprobación, así como del contenido de las Declaraciones de Impacto Ambiental del Artículo 19°. Artículo 18°. Previo a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental que corresponda, deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas las observaciones fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto. Asimismo, cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se convocará a audiencia pública a los mismos efectos. Artículo 19°. La Declaración de Impacto Ambiental deberá tener por fundamento el dictamen de la autoridad ambiental provincial o municipal y en su caso, las recomendaciones emanadas de la audiencia pública convocada a tal efecto. Artículo 20°. La Declaración de Impacto Ambiental constituye un acto administrativo de la autoridad ambiental provincial o municipal que podrá contener: Inciso a): La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionaria. Inciso b): La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionaria en forma condicionada al cumplimiento de instrucciones modificatorias. Inciso c): La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada. Artículo 21°. Se emitirá copia de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental emitidas por la autoridad provincial y municipal al Sistema Provincial de Información Ambiental que se decreta por el Artículo 27° de la presente Ley. Las Declaraciones de Impacto Ambiental, también podrán ser consultadas por cualquier habitante de la Provincia de Buenos Aires en la repartición en que fueron emitidas. Artículo 22°. La autoridad ambiental provincial o municipal que expidió la Declaración de Impacto Ambiental tendrá la obligación de verificar periódicamente el cumplimiento de aquellas. En el supuesto del Artículo 20°, Inciso e), la autoridad ambiental remitirá la documentación a su titular con las observaciones formuladas y las emanadas de la audiencia pública en el supuesto del Artículo 18°, para la reelaboración o mejora de la propuesta. Artículo 23°. Sí un proyecto de los comprendidos en este Capítulo comenzará a ejecutarse sin haber obtenido previamente la Declaración de Impacto Ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. Asimismo, se acordará la suspensión cuando ocurriera alguna de las siguientes circunstancias: Inciso a): Falseamiento u ocultación de datos en el procedimiento de evaluación. Inciso b): Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto. Artículo 24°. Las autoridades provinciales o municipales deberán llevar un registro actualizado de las personas físicas o jurídicas habilitadas para la elaboración de la Evaluaciones de Impacto Ambiental regulada por el presente Capítulo. Artículo 25°. Las normas técnicas ambientales determinaron los parámetros y niveles guías de calidad ambiental de los cuerpos receptores que permitan garantizar las condiciones necesarias para asegurar la calidad de vida de la población, la perdurabilidad de los recursos naturales y la protección de todas las manifestaciones de vida. Artículo 26°. Las entidades tendrán la obligación de suministrar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que así lo soliciten, la información de que dispongan en materia de medio ambiente, recursos naturales, y de las Declaraciones de Impacto Ambiental conforme lo dispuesto por el Artículo 20°, segunda parte. Dicha información sólo podrá ser denegada cuando la entidad le confiera el carácter de confidencial. Artículo 27°. El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Instituto Provincial del Medio Ambiente, instrumentará el Sistema Provincial de Información Ambiental, coordinando su implementación con los municipios. Dicho Sistema deberá reunir toda la información existente en materia ambiental proveniente del sector público o privado, y constituirá una base de datos interdisciplinada accesible a las consultas de todo aquel que así lo solicite. Artículo 28°. El Sistema de Información Ambiental se organizará y mantendrá actualizado con datos físicos, económicos, sociales, legales y todos aquellos vinculados a los recursos naturales y al ambiente en general. Artículo 34°. Cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o los recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia podrá acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y/o activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes. Artículo 35°. Cuando la decisión administrativa definitiva resulte contraria a lo peticionario, el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente, quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada. Artículo 36°. En los casos en que el daño ola situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, eldefensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes ejercitando: a)Acción de protección a los Cines de la prevención de los efectos degradantes que pudieran producirse; b) Acción de reparación tendiente a restaurar o recomponer el ambiente y/o los recursos naturales ubicados en el territorio provincial, que hubieran sufrido daños corro consecuencia de la intervención del hombre. Artículo 37°. El trámite que se imprimirá a las actuaciones será el correspondiente al juicio sumarísimo. El accionante podrá instrumentar toda la prueba que asista a sus derechos, solicitar medidas cautelares, e interponer todos los recursos correspondientes. Artículo 38°. Las sentencias que dicten los tribunales en virtud de lo perceptuado por este Capítulo, no harán cosa juzgada en los casos en que la decisión desfavorable al accionante, lo sea por falta de prueba. Artículo 77°. Los municipios, en el marco de sus facultades, podrán dictar normas locales conforme las particularidades de cada realidad, y siempre que no contradigan los principios establecidos en la presente ley y en la reglamentación que en su consecuencia se dicte. 2. Etapa de Prefactibilidad Ambiental del proyecto 2.1. Procedimiento administrativo y técnico Significado La etapa de Prefactibilidad Ambiental del proyecto, requiere del conocimiento de la idea a nivel proyecto preliminar o anteproyecto. En base a esto, la Autoridad de Aplicación (A.A.) dictamina la posibilidad o no del estudio de factibilidad. En esta etapa es donde se evalúa la complejidad ambiental de la idea. Esta etapa conlleva cuatro (4) parámetros, que a su vez son aplicables a cualquier idea de proyecto o actividad, son los siguientes: • Datos Generales • Parámetros de evaluación 1. Cualidad del emprendimiento 2. Usos predominantes en el entorno de implantación 3. Afectación al medio natural 4. Afectación al medio construido Esta etapa tiene dos guías: (ver cuadro organigrama) 1. GUIA N° 1. Informe de la idea del proyecto (a presentar por el promotor del proyecto). 2. GUIA N° 2. Declaración preliminar de Impacto Ambiental (a presentar por la A. A). Esta evaluación puede arrojar como resultado 1. La aprobación de la idea, con lo que se da paso a la Siguiente etapa, la de Factibilidad. Aquí la A.A. evaluará el pedido o no de Informe de Impacto Ambiental según evalue la complejidad ambiental del proyecto. 2. La desaprobación del proyecto debido a la complejidad ambiental. del mismo. Obligaciones de las partes • En lo que respecta al interesado, este debe presentar un Informe General de la Idea Preliminar (Guía l). Este Informe, para su correcta evaluación debe tener carácter de declaración jurada, dado que sobre él, la autoridad municipal acepta o niega la posibilidad del estudio de factibilidad del proyecto. En cuanto a las formas de presentación, en la parte GRAFICA debe constar un plano de localización en el que se detalle la ubicación del proyecto, además de destacar la ubicación de otros emprendimientos de la misma clase en la zona o la región. Debe presentarse en forma TEORICA, mediante un texto descriptivo, los datos que a manera de checklist o listas de control, según la forma de desarrollo de la GUIA N'I. • Con respecto a la Autoridad de Aplicación, está debe presentar una Declaración preliminar de Impacto Ambiental, siempre teniendo en cuenta que la Prefactibilidad no da derecho a la ejecución del proyecto, en caso de su aprobación. Incluso, la Autoridad de Aplicación puede solicitar al interesado más datos que los propuestos antes de dictar su resolución final en la Etapa de Prefactibilidad Ambiental del Proyecto. La Autoridad de Aplicación da su dictamen es a través de un texto descriptivo, según se indica la GUIA N° 2. GUIA TECNICA N° 1 Informe general de la idea del proyecto Etapa de prefactibilidad (a presentar por el promotor del proyecto) Contenidos generales mínimos a presentar. Los datos deben pedirse para poder evaluar la envergadura del emprendimiento. A. Con respecto a la idea y tema del futuro proyecto • Tema del proyecto. Actividades a desarrollar (según Anexo I). • Justificación de su necesidad • Autores Personas públicas Personas privadas Ong • Responsables del mantenimiento • Objeto de la implantación Social Comercial • Tamaño del emprendimiento Población afectada (positiva o negativamente) Superficie cubierta Superficie libre • Faz operativo del proyecto Financiación prevista del emprendimiento Inversión requerida Vida del proyecto B. Con respecto al aspecto ambiental del proyecto. (Los datos son aquí solamente enunciativos. No están valorados. Se describen en forma de texto). • Medio natural Posibles alteraciones con respecto al suelo, aire, paisaje, agua. o Medio antrópico Modificación prevista del entorno inmediato y mediato construido. Formas de presentación Plano de localización • Ubicación del proyecto • Ubicación de otros emprendimientos de la misma clase en la zona o región. Texto descriptivo GUIA TECNICA N° 2 Declaración preliminar de Impacto Ambiental Etapa de prefactibilidad (a presentar por la AA) A. Negación del emplazamiento Fundamentación por: • Incompatibilidad por la clase y tipo de proyecto con la estrategia municipal de crecimiento urbano o con el Plan de Desarrollo Urbano, sí existiera. Ley 8.912, • Incompatibilidad del proyecto por razones ambientales. Aspecto natural Aspecto antrópico B. Aprobación del emplazamiento La aprobación implica: • Solicitud de datos según clasificación de proyectos (Anexo I). Se adjuntan las Guías Técnicas correspondientes a cada clase de proyecto. • Definición de áreas de estudio, determinadas por la Autoridad de Aplicación según el proyecto. • Consideración de los niveles de emisión exigidos para cada jurisdicción, orientándose siempre hacia el más restrictivo. • Acciones, medidas de control y mitigación u obras de complementación para el saneamiento ambiental que el Municipio pueda determinar en esta etapa, sin perjuicio de que puedan determinarse después de la etapa de factibilidad 3. Etapa de Factibilidad Ambiental del proyecto 3. 1. Procedimiento administrativo. Significado La etapa de Factibilidad Ambiental del proyecto tiene como propósito obtener la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad de Aplicación (Art. 20). Según Informe de Impacto Ambiental presentado por el interesado Se propone el conocimiento del proyecto, a través del estudio de impacto ambiental que se plantea en el Informe de Impacto Ambiental. En base a esto, la Autoridad de Aplicación se pronuncia. A su vez, pide certificados pertinentes, según la clase de proyecto, medidas de mitigación a nivel del diseño, operación o construcción, programas de monitoreo si fuera necesario, etc. Para este Informe de Impacto Ambiental se anuncian los siguientes contenidos. 1. Situación ambiental existente del área de influencia. Propuesta de: Mitigación de Impactos Medidas de preservación y mantenimiento de cada etapa Oferta del medio natural para la instalación del proyecto específico. Oferta del medio construido para la instalación del medio específico. 2. Descripción del proyecto de obra o actividad. Descripción específica del proyecto. Definición de etapas en tiempo y forma. 3. Descripción de Impactos por etapa. Construcción – Operación. Identificación de Impactos (relación 1 y 2). Positivo - Negativo Directo - Indirecto Reversible - Irreversible Estimación de costo ambiental Propuesta de: Mitigación de impactos Medidas de preservación y mantenimiento en cada etapa Para cada elemento del informe se dan parámetros generales o factores ambientales a tener en cuenta para la evaluación (punto 3 A). Bajo ese nombre, englobamos los diversos componentes del medio ambiente (natural v antrópico) y del proyecto. Los más significativos se mencionan en cada guía, según la clase de proyectos como ineludibles para la evaluación específica. La etapa de Factibilidad tiene dos Guías específicas: 1. GUIA N° 3. Informe de Impacto Ambiental del proyecto (a presentar por el promotor de la idea). Según la clase de proyectos. 2. GUIA N° 4. Declaración de Impacto Ambiental. (a presentar por la Autoridad de Aplicación). Obligaciones de las partes • En lo que respecta al interesado, este tendrá que presentar un Informe de Impacto Ambiental, según la Guía N° 3. Este Informe, para su correcta evaluación debe tener carácter de declaración jurada, dado que sobre él, la autoridad municipal acepta o niega la posibilidad de realización proyecto (Artículo 1-3). En cuanto a las formas de presentación del Informe, se debe realizar con una parte gráfica y otra teórica. El área de estudio que se determina para el estudio del Informe de Impacto Ambiental queda demarcada claramente en planos y memoria descriptiva. La parte gráfica, debe contener planos del emprendimiento (legajo del emprendimiento), planos de localización (ubicación del proyecto) y esquema vial (plano de accesos al emprendimiento, demarcación de servicios e infraestructura del entorno). En la parte teórica, debe consignarse la forma metodológica de evaluación: Memoria descriptiva según los datos de la Guía N° 3. • En lo que respecta a la autoridad de aplicación AA, esta debe responder a observaciones emitidas por personas sobre la opinión del impacto del proyecto, antes de la Declaración de Impacto Ambiental (Art. 18). La presentación de la Declaración Ambiental Municipal, Guía N° 4 (Artículo 20), es la resultante de todo el proceso anterior, donde se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el emprendimiento y la definición de medidas mitigatorias y preventivas en tiempo y forma. Esta evaluación por parte de la Autoridad de Aplicación resuelve: 1. La aprobación del proyecto 1.a. Puede pedir medidas de mitigación determinadas, o un plan de monitoreo sobre determinados parámetros. Debe establecer la verificación periódica del cumplimiento de lo establecido en el DIA (Artículo 22). 1 b. Puede aprobarse con las medidas propuestas por el promotor. 2. La desaprobación del proyecto, por la incompatibilidad ambiental del mismo con el medio. 3.2. Procedimiento técnico • Consideraciones generales Los parámetros generales que figuran a continuación son componentes del medio ambiente, tanto natural como construido, para ser tenidos en cuenta en la evaluación del Informe de Impacto Ambiental (Guía N°3). Para ello se tomarán los factores impactados del medio más importantes según el tipo de proyecto y las acciones impactantes del mismo más sobresalientes. Todas son importantes y a tener en cuenta en un medio tan complejo como es el medio ambiente urbano, no obstante en las guías técnicas específicas (Guía N° 3) se mencionan los más significativos según la clase de proyecto". A continuación se da una guía de "Informe de Impacto Ambiental" (Guía N° 3) para Proyectos Habitacionales. La misma es a modo de ejemplo pudiendo, a partir de ella, confeccionar guías para otros tipos de proyectos urbanos, como por ejemplo Modificación de la Trama Urbana, Proyectos de Infraestructura y Servicios, Proyectos de Equipamientos Comunitarios, etc. Los parámetros actuantes en cada guía dependerán de la realidad del contexto a evaluar por la Autoridad de Aplicación. Recordemos que estos son simplemente a manera enunciativa. De acuerdo a los "Factores del medio que son impactados" y a las "Acciones impactantes" propios de cada proyecto, se pautarán las medidas de mitigación correspondientes. • Parámetros de evaluación Del Medio Los Parámetros del medio ambiente natural están comprendidos por el Suelo, el Aire, el Agua y la Ecología (flora, fauna y medio perceptual). En tanto, los Parámetros del medio ambiente construido se agrupan en Población, Infraestructura y Servicio, Equipamiento Comunitario, Económico y Estructura Urbana. De ellos, se tomarán los FACTORES IMPACTADOS del medio más importantes, según el tipo de proyecto. Del Proyecto A su vez los parámetros del proyecto están compuestos por Datos Generales (Implantación v Faz Operativa), Faz técnica del proyecto, Infraestructura y Servicio del proyecto y Equipamiento Comunitario propuesto en el proyecto. Aquí también se toman las ACCIONES IMPACTANTES del proyecto más importantes para el medio circundante al mismo. • Parámetros generales con respecto al medio natural Para la evaluación del SUELO deben tenerse en cuenta los siguientes puntos desagregados: => Relieve - Topografía =>Aptitud - Fijación de terrenos - Aptitud mecánica Permeabilidad Para el caso de la evaluación del AGUA, en cambio, debe desagregarse la información en: => Agua Superficial => Contaminación - Tipo - Tipo - Calidad - Fuente contaminante => Agua Subterránea => Ciclos de lluvias - Acuífero - Riesqo de - Contaminación inundaciones - Posible depresión de - Escurrimientos Napas En cuanto a la evaluación del AIRE, => Aptitud térmica => Vientos =>Contaminación - Olores - Ruidos - Partículas Por último, para la ECOLOGIA (flora, fauna) deben considerarse la información desagregada de: => Paisaje => Especies y poblaciones =:> Riego de alteración -Terrestre -Acuática => Contaminación -F'lora, fauna, paisaje • Parámetros generales con respecto al medio construido Los parámetros generales del medio construido abarca a POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA, Y SERVICIOS, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ECONÓMICO Y ESTRUCTURA URBANA. Para evaluar POBLACION, hay que tene, en cuenta los siguientes términos: su consolidación que podría clasificarse en dispersa, agrupada o semiagrupada; el crecimiento, que puede ser considerado como vegetativo o migratorio, la densidad, establecida como alta, media o baja; la ocupación de sus pobladores, a su vez teniendo en cuenta la población activa, las condiciones laborales, y por último las demandas poblacionales, dentro de las que se encuadran la seguridad, infraestructura, servicio, red vial, saneamiento, educación, transporte y cultura. En lo que se refiere a INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, se pueden ubicar como puntos a estudio el destino de las aguas, es decir, sí son servidas, sí hav planta para su tratamiento, sí hav cloacas o pozos absorbentes; el agua potable (sí hay red de agua corriente o perforaciones domiciliarias); los tipos de pavimento; las redes pluviales (destino, sí hay entubamientos, sí el terreno es absorbente); el tipo de gas- la electricidad; los teléfonos; el alumbrado público- y en último lugar los residuos: quien es el responsable de la recolección o el destino actual de los desechos sólidos. En tercer lugar, entra en consideración EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, de que pueden desprenderse la vías de comunicación, el transporte (tipo, cantidad y calidad del servicio público), la salud (primaria, secundaria, pública - privada), la educación (niveles existentes, Pública - Privada), espacios verdes, la seguridad (comisarías existentes, patrullas), bienes patrimoniales (arquitectónico, histórico, arqueológico, científico, natural), educación (organizaciones de la educación, tipos y niveles, centros de enseñanza), y por último, la recreación y los deportes (tipo, características, cantidad y calidad del equipamiento). En cuanto a lo ECONOMICO, el estudio se tiene que basar en la economía local (primaria, secundaria o terciaria) y en el desarrollo económico. El último de los parámetros, generales del medio construido es la ESTRUCTURA URBANA, de donde se desprenden las tendencias de crecimiento, el uso del suelo (residencial, comercial, etc.), la distribución espacial (índices urbanísticos, áreas vacantes, crecimiento urbano), y la contaminación (por uso del suelo -degradación, densificación, etc.- visual, olfativa, insuficiencia de servicios e insuficiencia de Infraestructura). • Descripción del proyecto de obra o actividad La descripción del proyecto de obra o actividad se divide en cuatro Partes: DATOS GENERALES, FAZ TÉCNICA, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. En cuanto a los DATOS GENERALES del proyecto, deben quedar asentados los Autores del mismo, es decir si pertenecen a Entes de Gobierno, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) o son privados. También los nombres de los proyectistas, los objetivos del mismo (social, comercial) y la superficie del terreno del conjunto. También dentro de esta primer subdivisión, deben especificarse los modos de Implantación: a saber, la ubicación en la región, la ubicación en la jurisdicción, los límites del área de estudio tomadas para el Estudio Ambiental; la caracterización urbano espacial del área y la trama circulatoria vial circundante. El último apartado de DATOS GEINERALES, se refiere a la Faz Operativa, donde deben explicitarse las etapas, los tiempos de cada una, el fínanciamiento de la obra, la inversión requerida, la vida del proyecto, la administración prevista y los responsables del mantenimiento. Pasando a la FAZ TECNICA, en ella tienen que fiqurar la superficie de ocupación del conjunto (Total FOT), la superficie de ocupación del suelo FOS, la densidad del conjunto, la técnica constructiva, la tecnología interviniente en cada etapa, la trama circulatoria (tratamientos de accesos y red circulatoria interna) y el diseño urbano o arquitectónico del proyecto. Por el lado de la INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, los puntos a aclarar son los siguientes: destino de las aguas servidas, obtención de agua potable para el conjunto, destino de las aguas de lluvia, provisión de gas y de electricidad, recolección de los residuos (disposición), alumbrado público y el RESPONSABLE DEL MANTENIENTOS DEL CONJUNTO. El EQUIPAMIENTO COMUNITARIO cuenta con los siguientes apartados: seguridad, educación, salud y otros. GUIA TECNICA N° 3 Informe.de Impacto Ambiental Proyectos HABITACIONALES (a presentar por el promotor del proyecto) Los parámetros que se mencionan son los específicos al tema. Se encuadran dentro de los generales enunciados y no son excluyentes de estos. 1. Situación ambiental existente del área de influencia del asentamiento humano. • Oferta del medio natural para la instalación del proyecto. => Aptitud mecánica => Aptitud hidráulica => Permeabilidad => Caracterización climática. Sistema de lluvias => Calidad de las aguas subterráneas => Caracterización del paisaje del área • Oferta del medio construido para la instalación del proyecto específico =>Población. Densidad del área =>Caracterizar el crecimiento poblacional del área, cuantitativa y cualitativamente => Ocupación de la población => Demandas más importantes de la zona => Alumbrado público => Agua potable. Provisión => Aguas servidas. Sistema de evacuación => Aguas pluviales. Eliminación => Estructura vial. Jerarquización => Tránsito. Transporte público => Cuantificación y cualificación del equipamiento comunitario => Economía del área => Descripción de la estructura urbana => Disposición de los residuos del área. Forma y lugar de evacuación. 2. Descripción del proyecto habitacional 2.a. Etapa de construcción => Tiempos => Responsables de la obra =>Posibles obradores =>Movimientos de tierra 2.b. Etapa de operación =>Caracterización del emprendimiento. Vivienda permanente, ocasional. =>Responsable del emprendimiento. =>Tipología delas viviendas. FOT. FOS =>Provisión deagua potable =>Aguas servidas. Sistema de evacuación =>Aguas pluviales. Eliminación =>Trama vial. Accesos =>Alumbrado previsto 3. Descripción de impactos por etapas • Identificación de impactos • • Se evalúa elárea en relación al proyecto habitacional a implantarse. Se extrae que: . => FACTORES DEL MEDIO QUE SON IMPACTADOS 1. En el medio natural 2. En el medio construido => ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 1. En la infraestructura y servicios 2. En el equipamiento comunitario 3. En el sector económico 4. En la población existente 5. En la estructura urbana. • Medidas de mitigación =>Referidos al medio natural =>Referidas al medio construido 1. En la infraestructura y servicios 2. En el equipamiento comunitario 3. En el espacio urbano - arquitectónico • Las técnicas usadas para recomposición de áreas degradas deben explicitarse. • Las operaciones de preservación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto figuran en Declaración de Impacto La Formulación de Monitoreo, sólo será necesaria sí la magnitud y envergadura ambiental del proyecto así lo requiera. Se hace mediante la presentación de un programa, que ontenga parámetros a monitorear y períodos establecidos para el monitoreo. Mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, sí existieran (potable – servidas). Otras. 1. Certificados y documentación a presenter • Aptitud hidráulica del predio • Aptitud mecánica del predio • Certificación de calidad del aire • Antecedentes de dominio del predio • Certificación de provisión de agua potable • Prefactibilidad de pozos absorbentes, según AGOSBA • Prefactibilidad de agua de riego, según AGOSBA • Aprobación técnica del Legajo • GUIA TECNICA N° 4 Declaración de Impacto Ambiental (a presentar por la AA) 1. Aprobación del proyecto según el Informe de Impacto Ambiental. • Aquí se hace constar para cada etapa: => Etapa de construcción => Etapa de mantenimiento => Las medidas mitigatorias que se incorporan para estas áreas degradas. Diferenciación entre medidas que eliminan impactos negativos y medidas que minimizan impactos negativos. => Especificaciones técnicas usadas para las medidas sobre impactos negativos. => Las medidas de mantenimiento durante la vida útil. Responsables de las mismas. => Se adjunta Programa de Monitoreo si existiese, pautado en tiempo y forma. => Mención de los plazos establecidos en las CERTIFICACIONES para la renovación de las mismas. 2. Desaprobación del proyecto por complejidad ambiental La declaración se expide en relación a los parámetros consignados en el punto 3 del Informe de Impacto Ambiental SEPARATA DEFINICION DE CONCEPTOS BASICOS 1. Conceptos Sustantivos • Pre-factibilidad: Evaluación preliminar a cargo de la Autoridad, de una idea, anteproyecto o actividad propuesta en relación al área de implantación determinado por el interesado. • Factibilidad: Definición de posibilidad o imposibilidad de ejecutar el proyecto presentado por el interesado. Etapa de definición de medidas de mitigación según impactos negativos. • Efecto: Relación de un organismo frente a un estímulo. Puede ser: Benéfico - Adverso; Reversible - Irreversible. • Anteproyecto: Definición general de una idea cuantificada, cualificada y localizada espacialmente en el territorio. Técnicamente no esta desarrollada. • Proyecto: Es todo documento técnico que define o condiciona la localización y realización de planes y programas, la realización de construcciones o de otras instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de recursos naturales renovables o no renovables, y la de ordenación del territorio. • Promotor o responsable: Se considera como tal, a la persona física o jurídica que solicita una autorización o aprobación definitiva relativa a un proyecto privado. • Entorno de un Proyecto: Es el ambiente que interacciona con el proyecto en términos de entradas (recursos, mano de obra, espacio,...) y de salidas (productos, empleos, rentas,...) y por lo tanto en cuanto provisor de oportunidades, generador de condicionamientos y receptor de efectos. • Autoridad de aplicación: Aquella que, conforme a la legislación aplicable al proyecto que se trate, ha de conceder la autorización para su realización. • Gestión Ambiental: Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa protección Y mejora del Medio Ambiente, basándose en una coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana. • Parámetros o factores Ambientales: Bajo este nombre, englobamos los diversos componentes del Medio Ambiente (natural- antrópico) entre los cuales se desarrolla nuestra vida. Son el soporte de toda actividad humana. 2. Conceptos propios de Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental • Monitoreo Ambiental: Sistema continuo de observación, evaluación y control para verificar el cumplimiento de normas y reglamentaciones, o verificar predicciones y adoptar medidas correctivas o mitigatorias sobre la base del que se produce la Declaración o Estimación de Impacto Ambiental. • Valoración de Impacto Ambiental (VIA): es la única fase del EsIA, constituye el núcleo fundamental del informe finalde la Evaluación de Impacto Ambiental. • Consiste en transformar los impactos, medidos en unidades heterogéneas, a unidades homogéneas de Impacto Ambiental, de tal manera que pen-nita comparar alternativas diferentes de un mismoproyecto y aun de proyectos distintos. • Declaración de Impacto Ambiental (DIA): es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en base al esa, alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes del proceso de participación pública y consulta institucional, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del Medio Ambiente y los recursos naturales. • Estimación de Impacto Ambiental (EtIA): Es el pronunciamiento, el organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en base al ESIA y mediante procedimiento abreviado, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y en caso afirmativo las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 3. Conceptos de relación Impacto- Medio Receptor. • Calidad del Medio o Ambiental (CA): es el mérito para que su esencia y su estructura actual se conserven. • Para cada factor del medio, se mide en la unidad adecuada (monetaria o física). Estas unidades heterogéneas se trasladan a unidades comunes o comparables, mediante una escala de puntuación de 0 a 1 representativa de la calidad ambiental, CA. • Indicador de Impacto Ambiental: De acuerdo con M. T. Estevan (1984), llamamos Indicador de Impacto Ambiental, al elemento o concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la magnitud del impacto, al menos en su aspecto cualitativo y también, si es posible en el cuantitativo. Algunos puedes expresarse numéricamente mientras otros emplean conceptos de valoración calificativos, tales como "excelentes", "muy bueno", "regular", "deficiente", "nulo", etc. Para cada Indicador de Impacto, es preciso disponer de una función de valores asociada, que permita establece la calidad ambiental en función de 11 magnitud de aquel. • Extensión de un Impacto: Esta directamente relacionada con la superficie afectada, se mide en unidades objetivas, has. M2, etc. Importancia de un Impacto: valoración que nos da una especie de porción del impacto. Expresa la importancia del efecto de una acción sobre un factor o parámetro ambiental sobre la base del que se produce la Declaración o Estimación de Impacto Ambiental. • Valoración de Impacto Ambiental. (VIA) es la única fase del EsIA, constituye el núcleo fundamental del informe final de la Evaluación de Impacto Ambiental. Consiste en transformar los impactos, medidos en unidades heterogéneas, a unidades homogéneas de Impacto Ambiental, de tal manera que permita comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto y aun de proyectos distintos. • Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en base al esa, alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes del proceso de participación pública y consulta institucional, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del Medio Ambiente y los recursos naturales. • Estimación de Impacto Ambiental (EtIA): Es el pronunciamiento, el organismo o autoridad competente en materia de medio ambiente, en base al EsIA y mediante procedimiento abreviado, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y en caso afirmativo las condiciones que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

RESOLUCION REGISTRABLE - SOBRE CAUTELAR - CAUSA -BAO GUSTAVO ADRIAN Y OTROS C/BUILD PARK S.R.L. Y OTROS S/PRETENSION ANULATORIA- OTROS JUICIOS (374)

Carátula: BAO GUSTAVO ADRIAN Y OTROS C/BUILD PARK S.R.L. Y OTROS S/PRETENSION ANULATORIA- OTROS JUICIOS (374) Fecha inicio: 01/07/2014 Nº de causa: 8666 REFERENCIAS Año de la Firma 2014 14/08/2014 - RESOLUCION REGISTRABLE 8666 BAO GUSTAVO ADRIAN Y OTROS C/BUILD PARK S.R.L. Y OTROS S/PRETENSION ANULATORIA- OTROS JUICIOS (374) Dolores, 14 de AGOSTO de 2014. MGM AUTOS Y VISTOS: Los presentes obrados de los que surge: I) Que a fs. 54/84 se presenta Mercedes Paganini, apoderado de los Sres. Gustavo Adrían Bao, Silvia Parravicini y Pablo Dominguez, iniciando demanda sumarísima de protección ambiental en los términos previstos por el artículo 37 de la ley 11.723, contra la Municipalidad de Villa Gesell, Build Park SRL, PBK S.A. y/o responsable y/o titular de la obra denominada El Salvaje atento a la falta de Certificado de Impacto Ambiental, solicitando en dicho marco se conceda una medida cautelar. Manifiesta que se vería afectados, el inminente daño ambiental y las omisiones administrativas al requerimiento de los que suscriben y que se vieron obligados a iniciar la presente acción a fines de requerir el cese inmediato de la obra iniciada, atento se estarían produciendo movimientos de suelo, trazado de calles y comienzo en ejecución de las obras. Solicitando además, a la Municipalidad de Villa Gesell, se abstenga de aprobar cualquier tipo de acto administrativo en relación al desarrollo mencionado hasta tanto 1) se realice la Evaluación del Impacto Ambiental; 2) se determine judicialmente la viabilidad ambiental del mismo y 3) se obtengan las habilitaciones provinciales pertinentes. Relata que durante el año 2013 comenzo la difusión en la ciudad de Villa Gesell de un emprendimiento inmobiliario de nombre comercial "El Salvaje", emplazarse en la zona sur del partido próximo a la Reserva Natural Municipal el Faro Querandí, zona de suma fragilidad por sus características naturales. Aduna que la zona involucrada es de suma importancia hídrica para toda la región porque es un importante reservorio de agua dulce subterránea por filtración y escurrimiento de las aguas de las lluvias. Manifiesta que ante dicha preocupación comenzaron los intentos de acceso a la información ambiental en relación a la obra y expedientes administrativos del caso tanto en la Municipalidad de Villa Gesell, como frente a los referentes del emprendimiento, y ante el silencio de estos iniciaron la presente acción. Por el material que pudieron tener, el emprendimiento no contaría con el Certificado de Impacto Ambiental que exigen las leyes de la materia. Destaca que hubo una audiencia pública, de la cual habría habido una irregularidad en la convocatoria y que no se pusieron a disposición de los interesados el expediente de obra, ni pudieron acceder a tal resolución . Atento a ello, los que suscriben solicitaron la intervención del OPDS, ADA y Fiscalia de Estado, a fin de evitarl la instancia judicial. Sin embargo, hasta el momento los movimientos de suelo seguirián realizandose. Acompaña, en el cuerpo de la demanda algunas fotografías que serían del lugar. Por último, en acapite aparte solicita medida cautelar de cese de obra, principio precautorio. Medida cautelar de no innovar. II) A fs. 86 y vta se requiere en el marco cautelar a la MUNICPALIDAD DE VILLA GESELL que informe sobre las circunstancias de hecho y de derecho planteadas en torno a la tutela solicitada, informando a) si ha emitido acto administrativo alguno autorizando el comienzo de las obras en relación al proyecto desarrollo inmobiliario denominado "El Salvaje" Chacras Marítimas, situado en el km. 427 de la Ruta Provincial Nº 11 entre el mar y la citada ruta, en zona sur del Municipio urbano de Villa Gesell, remitiendo en su caso copia certificada del mismo; b) si existe estudio de impacto ambiental , y en caso afirmativo copia certificada del mismo; c) si existen actuaciones administrativas por las cuales se llevara a cabo el procedimiento ambiental previsto en la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y la Ley Provincial Nº 11.723 y si expidió, en su caso, el correspondiente certificado de aptitud ambiental vinculado a dicha obra, y en caso afirmativo remita copia certificada del expediente; d) para que remita copia certificada de las ordenanzas pertinentes y del expediente administrativo Nº 9586/13 y los relacionados a la pretensión de autos. III) A fs. 96/99 el Municipio de Villa Gesell contesta el oficio de informe librado en el marco cautelar a través del Director de la Asesoría Legal de la Municipalidad, Dr. Atilio Roncoroni, quien contesta cada uno de los puntos solicitados, en relación al punto a), hasta la fecha no se ha emitido acto administrativo alguno mediante el cual la Municipalidad autorice el comienzo de obra en relación al proyecto inmobiliario denominado "El Salvaje". Sin perjuicio de ello, se comunica que las únicas actividades llevadas a cabo en el predio consistieron en un desmalezamiento de la traza proyecta de la etapa N° 1, para poder llevar a cabo un Estudio y Proyectos de Desagues Plueviales del mismo, exigido por la Autoridad del Agua. En cuanto al punto b) se comunica que en fecha 15 de marzo de 2013 se presenta por los desarrolladores del Proyecto El Salvaje, el Estudio de Impacto ambiental cumplimentando con lo dispuesto por los Arts. 10 y 18 de la Ley 11.723 provincial. En referencia al punto c), una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental, esa Municipalidad a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por Ley Nacional General de Ambientes N° 25.675 y Ley Provincial N° 11.723, procedió a la publicación del EIA y a la apertura de un registro de Oposiciones por un plazo de treinta (30) días corridos en el Boletín Oficial N° 746, conforme surge mediante Decreto Municipal N° 802 de fecha 15 de marzo de 2013, remitiéndose copia de dicho EIA al O.P.D.S.. Acto seguido, y habiendo perecido el plazo otorgado, en el marco del Art. 18 de la Ley 11.723 en un todo conforme con Arts. 19, 20 y 21 de la Ley Marco Nacional N° 25.675, se convoca a Audiencia Pública la que se publica en el Boletín Oficial bajo Decreto Municipal N° 1139 de fecha 26 de abril de 2013, como también meidante otros medios de la Ciudad y la región. Con fecha 6 de septiembre de 2013 se aprueba en forma condicionada el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la Consultora ECOSEG hasta tanto se presente las autorizaciones de los Organismos Provinciales en relación a la construcción y manejo de los cuerpos de agua proyectados con la correspondiente presentación del Plan de Monitoreo Ambiental, la que fue publicada en el Boletín Municipal mediante Decreto Municipal N° 2141 de fecha 11 de septiembre de 2013. Respecto al punto d), la municipalidad entendio que el Expediente Administrativo N° 9586/13 es inexistente en razón de no contar con esa extensión durante el año 2013. Se acompaña copia de expediente administrativo 4726/11 (acumuluado al expediente N° 3066/13 y expediente N° 0505/14 en un total de 4 (cuatro) cuerpos), que se encuentran resguardados conforme surge de fs. 101 Atento el estado de autos, se pasan los mismos a efectos de resolver la cautelar a fs. 101 . CONSIDERANDO: 1.- Aún teniendo en cuenta la materia de protección al medio ambiente sobre la que versa la medida cautelar peticionada en autos, por la cual se requiere la suspensión de cualquier tipo de actividad que represente la continuidad de la obra denominada "El Salvaje", ubicada en el Km 427 de la Ruta 11, entre la ruta y el mar, en el sudoeste del Partido de Villa Gesell, debo señalar que tal medida debe ser analizada verificando la concurrencia de los extremos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora previstos en los apartados “a” y “b” del inciso 1 del art. 22 del CPCA -con un alcance un tanto diferenciado en razón del objeto de tutela-, como así también de la exigencia contenida en el apartado “c” ausencia de grave afectación del interés público, pues ellos delimitan el contendido valorativo a seguir para otorgar la tutela, con lo cual, el mentado balance de efectuarse ha de operar en términos de exigir una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual. (Doctrina SCBA, Causa B 65.043 “Trade” Res.del 04-08-2004). Que bajo tales criterios de interpretación corresponde atender al pedimento cautelar articulado por la accionante. Sin perder de vista, que las medidas cautelares en el ámbito del derecho administrativo, tienen características peculiares que requieren en la mayoría de los casos el cumplimiento de requisitos más rigurosos que los que se exigen en otros ámbitos. Al respecto asimismo señala De Lázzari que uno de los requisitos básicos de las medidas cautelares es ..."un razonable orden de probabilidades sobre la existencia del derecho que pueda asistir al peticionante según las circunstancias”. Por otra parte, y en relación a lo tratado, dice Gozaíni que: ...“La verosimilitud escala, entonces, en el derecho ...lo cual se obtiene analizando los hechos invocados con las demás circunstancia que rodean la razón del proceso”... (Gozaini, Osvaldo A., “Código Procesal civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, comentado y anotado, La Ley-Bs. As 2003 pág. 405). Por su parte, habrá de tenerse como parámetro necesario, la doctrina sentada por Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, por cuanto ha señalado: ..."Vale recordar que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora (cfr. doct. S.C.B.A. “Kel Ediciones S.A. y otra”, sent. de 4-VII-2007), en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que gozan (cfr. Fallos 319:1069; 323:3326) que sólo cede ante actos irregulares (Fallos 293:133), injustificados o abusivos (Fallos 318:2431)." ...(Causa G-446-MP1 “FULCO JUAN JOSE c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. PRETENSION ANULATORIA” sent. del 12-VI-2008). Estos resultan los parámetros bajo los que corresponde subsumir la tutela pretendida por la parte actora en el caso traído a los fines de evaluar la procedencia del pedimento articulado. 2.- Teniendo particularmente en cuenta las cuestiones denunciadas en el pedido de esta medida precautoria planteada por unos vecinos de Villa Gesell, cuya naturaleza participa de las medidas destinadas a la protección del medio ambiente y que procura suspender las obras llevadas a cabo en el predio en cuestión por parte de las empresas implicadas alegando incertidumbres que surgen del estudio de impacto ambiental y la ausencia de estudios acabados de observación del terreno a intervenir, sumado a la contradicciones del mega emprendimiento de El Salvaje, de información adecuada sobre la obra a realizarse y la debida participación de la ciudadanía en los términos que dispone la ley 11.723, considerando que tal obra podría generar un daño irreversible al ambiente de esta localidad, he de verificar ab initio si se hallan presentes los requisitos que tornan procedente el dictado de una medida preventiva de estilo y con el alcance requerido, dejando debidamente aclarado que si bien cualquier persona está legitimada para iniciar un reclamo de carácter ambiental como el que nos ocupa, es oportuno señalar que en este tipo de procesos ambientales el Juez es un director inmediato y no distante del mismo, que maneja poderes-deberes de uso inaplazable, que busca la verdad jurídica y que en temas de especial connotación social no solo aguarda la concreta satisfacción de las cargas probatorias dinámicas y de colaboración real de los interesados, sino que, además llega a comportarse como cabal investigador, si bien lo que él obtenga a través de ese rol deberá ser puesto, bilateralmente a disposición, observación y control de las partes. Así, en lo que atañe a la justicia de protección o acompañamiento, la posición del juez cambió radicalmente: por supuesto que es independiente, pero está comprometido con las consecuencias que se sigan de la interpretación facilitadora de la realización, y no de la frustración por razones formalistas, de derechos que cuentan con especial tutela constitucional como el derecho a un ambiente sano (Conf. Morello, Augusto M. y Cafferatta, Néstor A. “Visión Procesal de Cuestiones Ambientales” Ed. Rubinzal Culzoni, año 2004, pág. 201 y 203). 3.- En dicho marco, atendiendo si se cumplen los recaudos propios a la procedencia de este tipo de medidas de carácter marcadamente preventivo y proteccionista, corresponde me ocupe en primer término de la legitimación de la peticionante. Es decir, habrá de comenzarse por establecer si vecinos de Villa Gesell, en su simple calidad de tales, pueden acudir a los Estrados Judiciales en procura de la protección al medio ambiente en su sentido más amplio. En tal sendero la respuesta resulta afirmativa, ya que cualquier vecino de una localidad puede por sí mismo acudir a la Justicia en procura de solicitar el dictado de medidas cuya finalidad se encuentre enderezada a bregar por la protección al medio ambiente, ya se trate de una cuestión de afectación particular o bien de una obra de grandes dimensiones y que pudiera ocasionar una afectación general. Que en principio ha de quedar claramente establecido que los remedios cautelares tienen un fundamento constitucional, que reside en el derecho fundamental a la tutela judicial continua y efectiva que garantiza el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 25º, inc. 1º. Por ello los peticionantes, que se presentan en su condición de habitantes de la Provincia de Buenos Aires, vecinos de Villa Gesell y afectados, cuentan actualmente con una legitimación que otrora no se les reconocía, y que prima facie, sin que ello implique introducirme en el tratamiento de la eventual y futura cuestión de fondo, es pertinente aclarar, que el panorama ha variado sustancialmente desde la modificación de la Constitución Nacional en su texto de 1994 (artículo 41), y así lo ha reconocido la jurisprudencia de los superiores órganos jurisdiccionales, tanto de la Nación, como de otras provincias, incluida por supuesto la del territorio donde se vislumbra este conflicto. Cabe destacar que esta problemática ha sido expuesta y resuelta por el Superior Tribunal nacional en una causa que ha tenido trascendencia en todos los ámbitos, de manera ejemplar y marcando directrices dignas de emular, en tanto ha expresado: “[...]7°) Que la cláusula incorporada por la reforma de 1994 en el art. 41 de la Constitución Nacional, situado en un nuevo capítulo de la parte dogmática llamado "Nuevos Derechos y Garantías" establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley". El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente, que frente a la supremacía establecida en el art. 31 de la Constitución Nacional y las competencias regladas en el art. 116 de esta Ley Fundamental para la jurisdicción federal, sostienen la intervención de este fuero de naturaleza excepcional para los asuntos en que la afectación se extienda más allá de uno de los estados federados y se persiga la tutela que prevé la Carta Magna[...]”, (CS, “Mendoza, Beatriz S. y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, sentencia del 20/VI/2006, con voto de la mayoría). En forma congruente, -armonizando con lo anterior-, también se ha expedido la Suprema Corte provincial, al manifestar: “[...]En materias como las que nutren al asunto de autos y en tanto se configure un «caso» o «controversia», como acaece en el sublite, el rol de sujeto activo de la pretensión debe admitirse con flexibilidad y amplitud, no sólo por virtud del principio de accesibilidad jurisdiccional (art. 15, Const. Pcial.), sino porque la experiencia jurídica muestra que los conflictos urbano-ambientales involucran normalmente tanto a quienes dan testimonio de un menoscabo en sus derechos individuales, como a quienes, formalmente agrupados o no, enarbolan la afectación de intereses pluri-individuales, colectivos o de incidencia colectiva en general (arg. arts. 43, segundo párrafo, C.N.; 20 inc. 2º, Const. Pcial.; cfr. causas I. 3203, “Rivas”; res. de fecha 20-VIII-2003; v. mi voto en I. 2162, “Fernández”, sent. de 23-XII-2003). Es ello lo que ocurre con las personas domiciliadas en la «zona de influencia» del emprendimiento organizado por el municipio. Tal condición los inviste de un suficiente interés para accionar como tales, dada su calidad de domiciliados en un preciso enclave barrial (doct. causas B. 65.269, “Asociación Civil Ambiente Sur”, res. del 19-III-2003 y B. 65.158, “Burgués”, cit.), espacio de vecindad lindante con el problemático equipamiento dispuesto para el servicio de transporte local[...]”, (SCBA, causa B- 64.464, “Dougherty, Cristian y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ amparo”, sentencia del 31/III/2004, voto del Dr. Daniel F. Soria). Que no puedo prescindir, a los fines de esclarecer más esta situación, de las valiosas opiniones de la doctrina más calificada, quienes, han señalado enfáticamente –entre otras cosas-, que: “[...]La interpretación amplia del término afectado como sujeto con legitimación procesal para promover el amparo no debe equipararse a la admisión lisa y llana de la acción popular. En efecto, en tanto la acción popular legitima a cualquier persona, aunque no titularice un derecho, ni sea afectada, ni sufra perjuicio, el amparo que ahora analizamos en cuanto a la legitimación del afectado presupone que, para ser tal, el derecho o el interés que se alega al iniciar la acción de amparo tiene que presentar un nexo suficiente con la situación personal del actor, que no requiere ser exclusiva de él. Tal nexo existe aunque sean muchas las personas que se encuentran en una situación equivalente porque comparten un derecho o interés que les es común a todas. Si la ley reglamentaria del amparo agrega calificativos al sustantivo afectado para identificarlo como personal y directo, tales adjetivos (que no aparecen en el artículo 43) no deben interpretarse como restrictivos de la legitimación procesal que, a nuestro criterio, surge de la constitución a favor del afectado. En síntesis, correlacionado la legitimación que el párrafo primer del art. 43 adjudica a toda persona con la que el párrafo segundo otorga al afectado, podemos interpretar que toda persona afectada se halla habilitada para interponer la acción de amparo prevista en el citado segundo párrafo[...]”, (Bidart Campos, Germán J.; “Manual de la Constitución Reformada”, Ediar, Bs. As. 2002, T. II- pág. 382). Pues, como adelantara cualquier vecino de una localidad puede venir en procura de la protección del medio ambiente de su ciudad y aledaños. Ver precedente "Acebal c. Municipalidad de Villa Gesell s. amparo", de este juzgado, donde se reconoció legitimación a un solo vecino (menor emancipado), para reclamar en cuestiones ambientales, por los balnearios de dicha localidad. 4.- Adentrándonos en la petición cautelar, debo comenzar por verificar, según las particularidades propias del sub exámine, el primero de los requisitos cuya presencia resulta de ineludible necesidad para el acogimiento del pedimento cautelar articulado, esto es, la verosimilitud en el derecho invocado. El art. 22 del código ritual, exige como primer requisito para la procedencia de las medidas precautorias, que: "[...]se invocare un derecho verosímil en relación al objeto del proceso[...]" –conf. art. 22, inc. a) del C.C.A.-. Este no resulta un requisito mas, sino que: "[...]Es evidente, pues, que aun cuando el peligro en la demora no deja de ser, en principio, un presupuesto de la tutela cautelar administrativa, la verosimilitud del derecho de quien la requiere exige, como ha dicho la Corte – CSJN- In re "Astilleros Alianza S.A.“ del 8-X-91-, una severa apreciación de las circunstancias del caso y una actuación de suma prudencia, pues ella debe sortear la presunción de validez del accionar estatal y el interés público comprometido en ese accionar. Las dificultades que este requisito implica no dejan de significar, sin embargo, que él sea, en el proceso cautelar administrativo, de importancia capital y excluyente, al punto de que puede llegar a justificar, en ciertos casos, por sí solo la procedencia de la cautela[...]".. (COMADIRA; Julio R.; "Las medidas cautelares en el proceso administrativo“- La Ley, del 2 de julio de 1994- pág. 1). Desde estos parámetros, tenemos también que: [...]"La solicitud de una providencia cautelar debe expresar el derecho que se pretenda asegurar, la medida que se pide, las disposición de ley en la que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida que, como se advierte, constituye una especificación de los requisitos genéricamente impuestos a toda demanda...Pero cuando ésta se solicita con anterioridad a la interposición de la demanda estas cargas son exigibles con mayor estrictez pues cuando el pedido se efectúa después de promovido el proceso principal el juez cuenta, normalmente, con elementos de juicio susceptibles de acreditar el derecho que se intenta asegurar y los requisitos a que se halla supeditada la medida solicitada, circunstancia que exime al actor de la necesidad de fundamentar detalladamente tales extremos y atempera la carga probatoria que aquél debe asumir en su presentación"[...] (de LAZZARI, Eduardo N.; "Medidas cautelares“- T. 2- LEP- La Plata 2002- pág. 346). En tal sentido debo señalar, sin que ello importe un adelanto de lo que constituye el pronunciamiento del fondo de la cuestión traída a debate, y teniendo en cuenta el acotado ámbito de análisis que toda medida cautelar conlleva, que prima facie resulta insuficiente el estudio previo de impacto ambiental presentado por Build Park S.R.L., ante la Municipalidad de Villa Gesell, para sustentar un proyecto de la envergadura del denominado “El Salvaje” según lo dispuesto por la Ley 11.723, toda vez y tal como asi lo resolvió dicho municipio se le aprobo en forma condicionada el estudio de Impacto Ambiental elaborado por la Consultora ECOSEG hasta tanto se presente las autorizaciones de los Organismos Provinciales en relación a la construcción y manejo de los cuerpos de agua proyectados con la correspondiente presentación del Plan de Monitoreo Ambiental. No se muestra como prudente el comienzo de obras en el lugar hasta contar con el certificado de aptitud ambiental emitido por el O.P.D.S. y demás requisitos legales, según el emprendimiento iniciado, pues no es posible saber a ciencia cierta los impactos analizados y medidas de mitigación que pudieran considerar los organimos provinciales. 5.- He de señalar a mérito de la documental aportada tanto por la actora como por el Municipio demandado que: - Conforme resulta de las copias certificadas aportadas por el Municipio e identificadas con el número de expte 4726/11, anexado 3066/13 y 505/14, se aprecia una lo relativo a la presentación del proyecto urbanistico denominado El Salvaje y todo lo relativo a la audiencia pública. - Respecto a la Evaluación de Impacto ambiental se presenta a fs. 46/230 realizado por ECOSEG (Administración de riesgos. Consultoría ambiental). A fs. 528, se encuentra el Decreto 2141 del 11/09/13 donde se aprueba de forma condicionada el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la Consultora ECOSEG hasta tanto se presente ante la Dirección municipal, las autorizaciones de los Organismos Provinciales en cuanto a la construcción y manejo de los cuerpos de agua proyectados y la presentación del Plan de Monitoreo Ambiental. - Por otra parte, se observa a fs. 530 la factibilidad de Servicio Eléctrico y a fs. 531/536, la intervención de la Autoridad del Agua, donde consta que se procedió a la emisión del Certificado de Aptitud Hidraúlica del bien en etapa de prefactibilidad, condicionado a la presentación del Estudio y Proyecto de los Desagues Pluviales del predio y dicho certificado de fecha 29/10/13. - A fs. 543 y sig. se presenta bajo el número de expediente 505/14 el Plan de monitoreo ambiental El Salvaje, realizado por ECOSEG. - Finalmente, a fs. 607/608 la Municipalidad de Villa Gesell, realiza un resumen del procedimiento seguido en el caso. En consecuencia, entiendo que prima facie y dentro del limitado marco que me permite una cautelar, no encuentro acreditado en autos los correspondientes estudios ambientales para las obras proyectadas; lo cual asimismo, indica prima facie que el EIA presentado ante el municipio no resulta suficiente para las obras que comprenderán el proyecto El Salvaje, ya que ha quedado condicionado aprobación final. En el marco descripto, debo adelantar, que cautelarmente y como principio precautorio corresponde ordenar a la Municipalidad de Villa Gesell y a las empresas que surgen como titulares del emprendimiento- se abstengan de iniciar sobre el predio que ocupará el El Salvaje, inmueble identificado catastralmente como Zona VI Rural, Lote 108 e, Lote 108b, Lote 48ad, Lote48z, Lote 48x, Lote 48v, Lote 48y, Lote 48aa Lote 48w y Lote u. Municipio de Villa Gesell, Superfice afectada 379 héctareas, la ejecución de cualquier tipo de obra y cualquier otro tipo de obra complementaria necesaria para el funcionamiento como tendidos de redes eléctricas, gasoductos, subestaciones transformadoras, construcción de obras en general, movimiento de suelos, y la extracción de agua subterránea hasta tanto no se apruebe en forma el Estudio de Impacto Ambiental (eia) y se obtenga la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la ley Nº 11.723 expedida por la autoridad ambiental competente. 6.- Bajo tales constancias, considero presente prima facie en el caso traído el requisito de verosimilitud en el derecho de los peticionantes por los fundamentos que pasaré a exponer. Teniendo en cuenta las peculiares características de la materia que me ocupa, “[...]Es importante entender que en materia ambiental la inversión de la carga probatoria no deriva de una interpretación doctrinaria-jurisdiccional, sino de los principios expresamente reglados por el legislador, los que las partes no pueden desconocer, pues son derecho vigente. Esto se debe a que en materia ambiental la complejidad de los datos que se pretende ingresar al expediente mediante los medios tradicionalmente previstos implica una actividad probatoria colosal para un simple ciudadano. Si seguimos el clásico paradigma de que el que alegra debe probar, será el actor (afectado) quien tendrá la obligación de acreditar la contaminación por parte de la empresa poluente, lo que evidentemente resultará una prueba diabólica e injusta. Es seguro que en la mayoría de los casos sería imposible para las personas comunes hacer análisis químicos, contratar geólogos, ecólogos, y sobre todo tener acceso a los lugares donde se asientan las actividades (predios por lo general privados) para poder cumplir con el onus probandi. Como vemos, la clásica atribución probatoria apriorística nos lleva a una serie actividades en cabeza del simple ciudadano casi imposible de realizarse y costosísimas, lo que provocará que éste no pueda acreditar la alteración de los sistemas ambientales; no porque este hecho no se haya producido, sino porque carece de medios para enfrentar tal tarea[...]”, (Esaín, José Alberto; “Evaluación de Impacto Ambiental...”, incluido en la obra colectiva: “Derechos Ambiental (su actualidad de cara al tercer milenio)”; Ediar; Bs. As. 2004, pág. 213). A efectos de arrojar un manto de luz sobre las cuestiones atinentes a la necesidad de contar con una Declaración de impacto ambiental (DIA), a través de la Autoridad Administrativa ambiental provincial. He de exponer lo sostenido por reconocida doctrina. Mas en primer término, debemos recordar que el Art. 10 y cctes de la Ley 11.723 así como 8 y cctes. de la Ley 25.675 establecen el plexo normativo según el cual es indispensable requerir a toda obra o actividad que produzca o sea susceptible de producir algún efecto negativo en el ambiente la previa realización de un adecuado Estudio de Impacto Ambiental, y debe facilitarse los mecanismos correspondientes a la participación ciudadana siempre con la previa "información adecuada y completa" (Conf. Art. 22 ley 25.675) para finalmente contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, emitida por la Autoridad Correspondiente. Aparece cumplido parcialmente en el sub exámine. 7.- Es válido repasar algunos conceptos, que son fundamentales para la resolución de la cuestión que aquí se ventilan, resaltando que : “[…] el procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA) es un instrumento multidisciplinario que persigue, primero, contar con una identificación de los intereses ambientales en juego y los impactos sobre los mismos para, luego, cumplir ciertas etapas que habrán de concluir en un acto administrativo, denominado de revisión, en el que la autoridad administrativa aprueba, modifica o rechaza el proyecto o actividad propuesta. Es menester señalar de entrada, que consideramos a la EIA un procedimiento típicamente administrativo y, de esta manera, queremos eliminar las confusiones conceptuales, que también aparecen en el marco normativo provincial, que asimilan la EIA al estudio de impacto ambiental (en adelante eia) que presenta el proponente de un proyecto o de los que lo reducen a la revisión de este último por parte de la autoridad de aplicación”, (Hutchinson, Tomás y Falbo, Aníbal J.; obra citada págs. 257/258. Lo destacado me pertenece). Otro especialista en la materia, opina al respecto, que: “La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un mecanismo legal por excelencia para prevenir los daños ambientales potenciales. Se exige completarlo antes del inicio o de la continuación de la actividad, y tiene por objeto comprobar los efectos nocivos que la misma puede provocar, sobre el medio. Luego de identificados se proponen medidas para mitigarlos, las que deberán ser aprobadas por la administración. Como vemos en un proceso con matices diferentes. Pero también es una derivación del principio de prevención ambiental. […] Entonces cuando este procedimiento no se ha hecho, no sólo se ha dejado que se dañe el ambiente por una actividad sin ningún control ambiental previo, sino que se ha omitido los principios que éste implica. El EIA comprende mecanismos que satisfacen el derecho a participar en la defensa del ambiente de los ciudadanos. Por ello es que este procedimiento, cuando no se realiza, resulta imposible de ser reemplazado por otros mecanismos judiciales o administrativos no específicos, por la imposibilidad de adoptar módulos participativos fuera de él. Como vemos la técnica de EIA no es reemplazable por cualquier otro simple estudio, pues es un procedimiento administrativo muy diferente, con satisfacción a otros principios, tales como el de prevención, participación y estudio multidisciplinario”, (Esaín, José Roberto; “Evaluación de Impacto Ambiental y Medida Autosatisfactiva”, publicado en DERECHO AMBIENTAL (Su actualidad de cara al tercer milenio), Eduardo Pablo Jiménez Coordinador, EDIAR, Buenos Aires 2004, págs. 179/181. Lo destacado me pertenece). También se puede agregar, que: “La EIA tiene un sustento constitucional, ya que la Constitución obliga al Estado a controlar y prevenir todas las causas de deterioro ambiental y aquél le suministra la información necesaria para cumplir con ese deber. Por eso el EIA tiene un valor especial dentro del procedimiento para otorgar habilitación ambiental. Es un procedimiento técnico que tiene el Estado para conocer los impactos ambientales de las obras y actividades, y prevenir tanto éstos como los efectos que puedan derivar de ellos. Podemos entonces comenzar por definir, de manera provisoria, la EIA, como el análisis de posibilidades de impacto ambiental que presenta un determinado emprendimiento, proyecto o actividad que se pretende llevar adelante, a los fines de prevenir, de manera temprana, y debidamente, sus efectos perjudiciales y riesgosos para el ambiente y, de esta manera, permitir modificar o impedir su concreción. Se trata, entonces, de una evaluación que además de ser previa al inicio del proyecto, también es imprescindible para que éste se pueda llevar adelante. […] La Constitución de la Provincia de Buenos Aires es más clara en este aspecto en la medida que establece, en el artículo 28, como deber de «La Provincia»”, el de controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema”, (Hutchinson, Tomás y Falbo, Aníbal J.; obra citada, págs. 261/262. Lo destacado me pertenece). 8.- En lo atinente a la “Declaración de Impacto Ambiental” (DIA) (artículos 10, 12, 18, 19, 20 y 21 de la ley 11.723), tengo que: “La EIA tiene su síntesis en un acto administrativo denominado Declaración de Impacto Ambiental (art. 20). Ese DIA debe ser expedido o emitido por la autoridad ambiental provincial o municipal, tal como lo establece el artículo 10 y lo confirma el artículo 19 de la ley”. Aunque también, debe tenerse presente para completar este horizonte, que: “Por último corresponde una aclaración referida a este tema. Tal como lo tiene previsto el artículo 12, la autoridad competente para resolver la autorización de las obras en cuestión, deberá remitir el expediente a la autoridad ambiental provincial o municipal para que expidan la DIA. De tal manera, el expediente solicitando la habilitación administrativa para realizar la actividad o la obra, se inicia ante la autoridad competente para autorizar la obra o actividad propuesta, la que deberá remitirlo a la autoridad ambiental -provincial o municipal- para que realice la EIA. El expediente que se remita contará con el proyecto de obra o actividad y con un eia presentado por el proponente. Además constarán las observaciones que la autoridad con competencia para autorizar la propuesta crea oportunas (arts. 11 y 12). De esta manera se observa que el procedimiento de EIA se inicia en un órgano diferente del que emitirá la DIA. Se inicia ante la autoridad competente para autorizar el proyecto pero se desarrolla ante la autoridad ambiental que será, a su vez la encargada de dictar la DIA”, (Hutchinson, Tomás y Falbo, Aníbal J., obra citada págs. 345/349). 9.- Que, por otra parte, siempre en la materia ha de ponerse el acento en los principios rectores que hacen a la merecida tutela de este bien como resultan el principio de prevención y el principio precautorio en función de los que se sostiene: "[…] La providencia del remedio preventivo deviene incuestionable cuando se trata de contrarrestar los efectos lesivos que ya ha comenzado a originar una determinada actividad, con el fin de paralizar el daño, deteniendo su desarrollo. Tiene por objeto el daño todavía no provocado, pero que podría posteriormente ser causado si la actividad siguiera; actuando entonces después que el daño ha empezado a ocasionarse, para combatirlo obstaculizando su producción, atacándolo en su causa, en su raíz[…]" ( Augusto M. Morello; Néstor A. Cafferatta, "Visión Procesal de Cuestiones Ambientales“, Ed. Rubinzal Culzoni; 2004, pág. 72). Que se ha definido el principio de prevención sosteniendo: "[...]las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir[...]" (Alejandra Petrella; "Particularidades del proceso a la luz de la tutela ambiental"; RAP, año XXXI-372, septiembre de 2009, pág.55) En este lineamiento se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia por cuanto ha sostenido: "[...]El reconocimiento de estatus constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente[...]" (C.S.J.N.; Fallos 329:2316 -Considerando 7°-) Que asimismo encontramos estos principios en la Ley general del Ambiente de la República Argentina 25.675, en punto a lo que se ha dicho: "[…] Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente[…]“ ( Carlos Aníbal Rodriguez; Ley General de Ambiente de la República Argentina. Comentada. Normativa complementaria, Ed. Lexis Nexis; 2007; pág. 70.) Que bajo tales parámetros, la denuncia efectuada por la vecina cobra singular relevancia y puede considerarse acreditada, en esta instancia cautelar y a sus efectos, la verosimilitud en el derecho invocada. Ello, toda vez que los principios antes referenciados traspasan el ámbito propio del derecho de fondo hacia el proceso mismo y, en el marco de la tutela peticionada, logran la plena operatividad y eficacia de la protección que proyectan. Ello, claro está, teniendo en cuenta que el despacho favorable de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo de su verosimilitud (C.S.J.N. Fallos 306:2060; 313:521; 318:2375; S.C.B.A. B 63.590 "Saisi“, sent. de 5-III-2003; B-65.158 "Burgués“, res. de 30-IV-2003). 10.- Que asimismo vienen a teñir la configuración de los restantes requisitos (Conf. Art. 22 incs. b) y c) Ley 12.008 y modif.) los principios antes mencionados, toda vez que la urgencia de poner coto a cualquier tipo de daño ambiental que pudiera generarse deviene justificada por la irreversibilidad que los mismos suelen presentar en sus efectos y asimismo no se constata que en el caso traído pueda haber afectación alguna al interés público, sino mas bien por el contrario se propende a su protección (Conf. Art. 41 de la Constitución Nacional y 15 y 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Surgiendo de la documentación aportada por el Municipio que las obras proyectadas en el Proyecto El Salvaje están próximas a iniciarse y atento que las mismas serían de gran magnitud por lo que es dable presumir en esta instancia, y por cuanto resulta una máxima de la experiencia, que los posibles daños se pueden producir en un brevísimo lapso de tiempo. Así se ha dicho: "[…]En lo que al peligro en la demora se refiere, el mismo exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, de modo tal que permita merituar si durante el tiempo anterior al eventual reconocimiento del derecho invocado, el mismo pueda sufrir un perjuicio irreparable[...]“ (Exma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en causa A 304; RSD-112-8; "Comparato, Marcos Alfonso c/ Caja de Previsión Social para Abogados s/ Amparo“; Sent. de 26-6-2008). Finalizando he de recordar que se ha dicho: “En efecto, antes de ahora, este Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que el actual derecho ambiental requiere de una participación activa de la judicatura, la que en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos (doct. causas Ac. 60.094, «Almada» y Ac. 54.665, «Pinini de Pérez», ambas sentencias del 19-V-1998 y Ac. 77.608, «Ancore», sent. del 19-II-2002, D.J.B.A., 163, 147; J.A., 2002-IV-392). Con igual criterio, calificada doctrina autoral ha expresado que «la tutela del medio ambiente, patrimonio de todos, justifica soluciones expeditivas, usualmente extrañas a los tiempos que suele tomarse la justicia, ya que el deterioro ambiental progresa de modo casi exponencial y las soluciones tradicionales aparecen como inapropiadas para detenerlo», por lo que «interpretar ampliamente las atribuciones judiciales en esta materia no debe entenderse como una indebida limitación a las libertades individuales» (Peyrano, Guillermo, «El cumplimiento efectivo de la sentencia ambiental, J.A. 1997-IV-1036)». Recuerdo que ya desde antaño, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en el conocido leading case «Saladeristas de Barracas»- tuvo oportunidad de anticipar, encontrándose en riesgo la salud pública, que tanto la propiedad como el ejercicio de una industria lícita están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio y que «la propiedad está sujeta a las restricciones y limitaciones exigidas por el interés público o privado» (Fallos 31:273) sin que pueda permitirse que exista «libertad para dañar el ambiente ajeno ni para restringir la libertad que tiene todo individuo de usar y gozar del ambiente» (Valls, Mario F, «Instrumentos Jurídicos para una política ambiental», en J.A., 1996-IV-955)”, (S.C.B.A.; causa A-69906 "Fundación ECOSUR Ecología Cultural y Educación desde los Pueblos del Sur c/ Municipalidad de Vicente López y otro s/ Amparo –Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", sentencia del 28-X-2010, voto del Dr. de Lázzari sin disidencias). 11.- Con respecto al requisito de la contracautela, teniendo en cuenta como manifesté anteriormente, las peculiares circunstancias del caso en juzgamiento, y la nueva visión respecto del derecho procesal en materia ambiental aplicable a este tipo de procesos, creo acertado reproducir, los argumentos que expresara la Sala 2da de la Cámara Federal de Bahía Blanca al expedirse sobre la contracautela en el marco de un proceso análogo, por compartir en un todo su criterio, que son los siguientes: “[...]No corresponde fijar contracautela para el dictado de una medida cautelar destinada a suspender los trabajos de construcción de una línea de electroducto en el ámbito de un amparo colectivo ambiental. Hablar de contracautela en un amparo ambiental como éste es ir de lo simbólico, hasta lo efectivamente ilusorio y por exorbitancia de la contracautela. Estas medidas deben ser dictadas en base a un pormenorizado análisis del bonus fumus iuris, atendiendo el propio juzgador a los intereses difusos que como tales no son propios ni excluyentes de cada amparista. Es procedente el dictado de una medida cautelar contra la continuación de los trabajos de construcción de la línea de alta tensión de un electroducto, si se encuentra prima facie acreditado el posible impacto negativo en el medio ambiente de la región afectada por la obra y existe la posibilidad de que la alteración del medio sea en algunos casos de imposible reparación; sin la fijación, en el caso, de contracautela[...]”, (Cámara Federal de Bahía Blanca, sala 2ª, “Breti, Miguel A. y otros c. Ente Nacional de Regulación de la Electricidad”, JA, 1999-III-247). En razón de los fundamentos expuestos en este apartado, considero que deberá prestarse caución juratoria por parte de la peticionante, ante el Actuario, como trámite previo al libramiento de los oficios correspondientes, (arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 43 de la Constitución Nacional, 15 y 28 de la Constitución Provincial, 32 de la Ley N° 25.675 y 200 inciso 2) del C.P.C.C.). 12.- En relación a la imposición de costas, es oportuno recordar que dicha carga podrá tener lugar al tiempo de dictarse sentencia definitiva ya que cualquier determinación previa dejaría de lado el ingrediente esencial, o sea, el principio objetivo de la derrota. Por ello, entiendo que en principio las costas del trámite cautelar deben imponerse al vencido sobre el mérito de la litis principal, cualquiera sea la suerte del tema precautorio en decisión (Conf. De Lazzari, Eduardo N. “Medidas Cautelares” Tomo I, Ed. Librería Editora Platense, año 1995, págs..82/83). Por lo expuesto y fundamentos vertidos, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la medida cautelar peticionada, y en el marco del principio precautorio ordenar a la Municipalidad de Villa Gesell y a las empresas Build Park S.R.L., C.U.I.T. 33-70959850-9, Fideicomiso El Salvaje, C.U.I.T. 30-71357520-4, BPK S.A., C.U.I.T. 30-71405765-7, se abstengan de iniciar sobre el predio que ocupará el Proyecto El Salvaje, inmueble identificado catastralmente como Zona VI Rural, Lote 108 e, Lote 108b, Lote 48ad, Lote48z, Lote 48x, Lote 48v, Lote 48y, Lote 48aa, Lote 48w y Lote 48u del Municipio de Villa Gesell, Superfice afectada 379 héctareas, la ejecución de cualquier tipo de obra y cualquier otro tipo de obra complementaria necesaria para el funcionamiento como tendidos de redes eléctricas, gasoductos, subestaciones transformadoras, construcción de obras en general, movimiento de suelos y la extracción de agua subterránea hasta tanto no se apruebe en forma el Estudio de Impacto Ambiental (eia) y se obtenga la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la ley Nº 11.723 expedida por la autoridad ambiental competente. 2) Postergar la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (Art. 51 Dec. Ley 8904/77). 3) Previa caución juratoria a tomarse por Secretaría a los actores, líbrese oficio de estilo a la Municipalidad de Villa Gesell así como a las empresas Build Park S.R.L., Fideicomiso El Salvaje, BPK S.A., con adjunción de copia del presente y quedando a cargo del interesado su diligenciamiento, teniéndose presente los autorizados a sus efectos. REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles, urgente y en el día (Art. 153 del C.P.C.C.). Dr. ANTONIO MARCELINO ESCOBAR JUEZ en lo Contencioso Administrativo